El administrador de un grupo con dos restaurantes en Barcelona contactó con Sanbla después de 18 meses de caída progresiva en facturación. Los costes fijos seguían intactos, la tesorería se agotaba y ya acumulaba tres meses de retraso con proveedores y uno con Hacienda. Había intentado renegociar alquileres sin éxito y su gestoría le recomendó "aguantar un poco más".

Cuando llegó a Sanbla, su pregunta no era si cerrar. Era cómo cerrar sin que le persiguieran las deudas personalmente.

El análisis inicial reveló que uno de los dos locales tenía un contrato de arrendamiento con cláusula de penalización de 36.000 € por rescisión anticipada. La deuda acumulada con la Seguridad Social superaba los 47.000 € y con proveedores rozaba los 85.000 €. El administrador era avalista personal de una línea de crédito bancaria de 60.000 €.

La decisión no era simple: cerrar un local y mantener el otro (inviable por los números), cerrar los dos asumiendo la penalización y las deudas, o buscar una vía de protección personal antes de ejecutar el cierre.

Javier fue directo: "Los dos locales pierden dinero. Mantener uno es alargar la agonía. Hay que cerrar, pero hay que hacerlo bien para que tú salgas limpio."