Un empresario de 62 años, fundador de un taller de mecanizado industrial, llevaba tres décadas fabricando piezas para automoción. La pérdida progresiva de dos clientes que representaban el 55% de su facturación dejó la empresa en situación inviable en menos de un año. Tenía 23 empleados, un préstamo ICO de 120.000 € del que era avalista personal y deudas acumuladas con proveedores por 67.000 €.

Su gestor le decía que buscara nuevos clientes. Su abogado le hablaba de concurso. Él solo quería cerrar bien y jubilarse sin que le embargaran la casa.

La nave industrial era de alquiler con 4 años de contrato pendiente y una cláusula de penalización equivalente a 18 meses de renta (126.000 €). La maquinaria estaba parcialmente financiada: dos leasings activos con valor residual pendiente de 43.000 €. Los ERE en el sector tenían precedentes conflictivos en la comarca y varios empleados llevaban más de 15 años en la empresa.

Javier planteó un camino que nadie le había propuesto: liquidar la maquinaria antes del cierre formal, usar ese ingreso para cubrir las liquidaciones laborales, y negociar simultáneamente la rescisión del alquiler y la cancelación de los leasings. Todo en paralelo, no en secuencia.