Tres situaciones, no una
La ley concursal distingue tres estados en los que una empresa puede comunicar la apertura de negociaciones con sus acreedores.
Insolvencia actual: la empresa ya no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Es la que todo el mundo entiende y a la que llega la mayoría.
Insolvencia inminente: la empresa prevé que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones dentro de los tres meses siguientes.
Probabilidad de insolvencia: cuando es objetivamente previsible que, de no alcanzarse un plan de reestructuración, la empresa no podrá cumplir regularmente las obligaciones que venzan en los próximos dos años.
Las tres dan acceso al mismo instrumento con la misma protección. Lo que cambia es el margen con el que se llega, y ese margen lo decide todo.
Qué significa probabilidad de insolvencia
Es la situación de una empresa que hoy paga, que dentro de tres meses seguirá pagando, pero que con los números en la mano sabe que en algún momento de los próximos veinticuatro meses dejará de poder hacerlo si no cambia nada.
No hay impagos. No hay ejecuciones. Puede que no haya ni tensión de caja todavía. Lo que hay es una previsión de tesorería que en el mes dieciocho, o en el veinte, deja de cuadrar.
Es la situación de una imprenta con la que trabajamos. Había invertido 2,8 millones en maquinaria con un préstamo a siete años. La inversión funcionó, pero la presión de precios en su segmento principal le había quitado cuatro puntos de margen en tres ejercicios. Todo estaba al corriente. Y la proyección a treinta y seis meses decía que en torno al mes veinte la cuota dejaba de ser sostenible.
Llamaron con esa proyección en la mano. Eso es probabilidad de insolvencia.
Por qué cambia la negociación
Porque negocia alguien que todavía tiene con qué.
Una empresa que comunica con impagos encima está pidiendo a sus acreedores que acepten cobrar menos, o más tarde, de algo que ya ha fallado. La conversación es de recuperación.
Una empresa que comunica dos años antes no está pidiendo que le perdonen nada. Está pidiendo reordenar el calendario para no llegar nunca a fallar. La conversación es de prevención. Y un acreedor prefiere mil veces la segunda, porque le evita el problema en lugar de repartírselo.
En el caso de la imprenta, el plan no tenía quita. Solo extendía el préstamo de maquinaria de tres a seis años y reordenaba dos pólizas en un producto a plazo. Las tres entidades firmaron en el segundo mes, por unanimidad. No hizo falta prórroga ni homologación. Y ningún cliente ni proveedor supo nunca que hubo un preconcurso.
Cómo se acredita
La comunicación tiene que sostener que la situación existe. No basta con decir que se prevé un problema: hay que enseñarlo.
Lo habitual es una previsión de tesorería a veinticuatro o treinta y seis meses que muestre dónde deja de cuadrar el calendario de vencimientos con la caja que genera la actividad. Un análisis de la evolución de márgenes que explique por qué la situación no va a corregirse sola. Y el detalle de la deuda con sus fechas.
Con eso, el juzgado tiene lo que necesita para admitir la comunicación, y los acreedores tienen lo que necesitan para entender que el plan que se les propone responde a un problema real y no a una maniobra.
Lo que un banco ve cuando llegas así
Un cliente al corriente de todo. Con una proyección hecha, lo que ya es raro en una pyme. Que se ha anticipado dos años a un problema que el propio banco no había detectado. Y que propone un plan que le permite seguir cobrando en lugar de uno que le obliga a cobrar menos.
Eso se firma. Y se firma sin las condiciones que se imponen a quien llega tarde: sin garantías nuevas, sin subida de tipo, sin las cláusulas que un banco pone cuando ya no se fía.
Por qué casi nadie lo usa
Por el nombre. Preconcurso suena a antesala de concurso, y nadie quiere presentar en un juzgado algo que suene a eso mientras su empresa va bien.
Y por la percepción de que comunicar es admitir un fracaso. Es al revés: comunicar en probabilidad de insolvencia es lo que hace alguien que ha mirado sus números con dos años de antelación y ha decidido actuar. Es lo contrario de fracasar.
El coste de esa percepción es alto. El empresario que espera a la insolvencia actual llega con impagos, con ejecuciones, con la calificación bancaria dañada y con menos margen para negociar. La misma empresa, dos años antes, habría tenido todas las opciones abiertas.
Cuándo tiene sentido y cuándo no
Tiene sentido cuando la previsión muestra un problema de calendario en una empresa que sigue siendo viable: la actividad genera caja, pero la estructura de la deuda no encaja con ella. Ahí, reordenar plazos resuelve.
No tiene sentido cuando el problema es de negocio y no de deuda. Si la empresa no genera margen suficiente, ningún aplazamiento lo arregla, y lo que hace falta es una reestructuración de la actividad antes de plantear ninguna comunicación.
Y hay un tercer caso que conviene no confundir: la empresa que tiene un problema de circulante, cobra tarde y paga pronto, y lo confunde con un problema de deuda. Eso se resuelve con gestión de cobro, no con un preconcurso.
La primera reunión sirve precisamente para distinguir cuál de las tres situaciones es la tuya.
La ley da dos años de margen. La mayoría de empresarios usa dos semanas. La diferencia entre las dos cifras es lo que separa negociar de aceptar.
Cómo acompañamos un preconcurso de acreedores →
